El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia convierte determinados principios del Derecho penal en principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración, basándose primeramente en el apartado 1 del artículo 25 de la Constitución Española (“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en cada momento.”), y en segundo término en el apartado 2 del artículo 24 de la Constitución Española (“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley declarará los casos, en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.”). La legislación administrativa, siguiendo este criterio del Tribunal Constitucional, destina a la regulación de la potestad sancionadora de la Administración el capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: el principio de legalidad en su artículo 25, el de tipicidad en su artículo 27, el de responsabilidad en su artículo 28, y el de proporcionalidad en su artículo 29.

a)   Principio de legalidad. Sintetizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el artículo 25 de la Constitución Española comprende tanto una garantía formal como una garantía material. La garantía material tal y como establece, por todas, la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 242/2005, de 10 de octubre, aparece derivada del mandato de taxatividad o de lex certa y se concreta en la exigencia de predeterrminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, que hace recaer sobre el legislador el deber de configurarlas en las leyes sancionadoras con la mayor precisión posible para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever así las consecuencias de sus acciones.  La garantía formal de reserva de Ley, por su parte, aunque se manifieste con cierta relatividad en el ámbito sancionador administrativo, por cuanto no cabe excluir la colaboración reglamentaria en la propia tarea de tipificación de las infracciones y atribución de las correspondientes sanciones, aunque sí hay que excluir el que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, se traduce en definitiva, en que la ley debe contener la determinación de los elementos esenciales de la conducta antijurídica y al reglamento sólo puede corresponder, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones previamente establecidos por la ley.

b)   Principio de tipicidad. Se encuentra también consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Tipicidad es según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, es “la descripción de la conducta que es constitutiva de infracción administrativa en la norma sancionadora”.El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, en su Sentencia de 11 de mayo de 2012, dictada en el recurso nº 485/2011, se ocupa, entre otras, de determinar los límites del concepto: “La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1990 señala que los conceptos de legalidad y tipicidad no se identifican, aunque ambos se apoyen en el artículo 25.1 de la Constitución Española. La legalidad se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, pero la tipicidad requiere algo más, que es la precisa definición de la conducta que la ley considera constitutiva de la infracción, y la igualmente precisa definición de la sanción que puede imponerse, siendo, en definitiva, medio de garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución) y de hacer realidad, junto a la exigencia de una Lex previa, la de una Lex certa.”.

c)    Principio de responsabilidad. Por la aplicación de dicho principio será necesaria  la concurrencia de responsabilidad subjetiva de los infractores, resultando responsables a título de dolo o culpa. Con la redacción aportada por el apartado 1 del artículo 28 Ley 40/2015, de 1 de octubre, se zanjó el debate que existía acerca de si era necesaria la concurrencia de una responsabilidad subjetiva o sólo objetiva del infractor.

d)   Principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es la garantía del Derecho Administrativo sancionador que debe entenderse consagrada en el artículo 25.1 de la Constitución Española, y exige que en la determinación normativa del régimen sancionador así como en la imposición de la sanción por la Administración se guarde la debida adecuación o correspondencia entre la gravedad de la infracción cometida y la intensidad de la sanción aplicada.

Basilio Hermoso Ceballos