Cuantas veces hemos repetido, repetimos y repetiremos el hábito cuasi-mecánico de ponernos la toga; desde la primera vez, el día de nuestra jura, en un acto cargado de simbolismo, que reiteramos antes de cada intervención ante los tribunales de justicia, la toga permanecerá indisociablemente unida a nuestra profesión, nos acompañará siempre. Pero nos hemos parado a reflexionar sobre el significado de tan sobria y tan austera prenda que nos distingue y nos identifica como depositarios del saber jurídico y de una función social capital y fundamental en cualquier Estado de Derecho. Entre nosotros, compañeros, ni nos distingue ni nos separa, sino muy al contrario nos iguala, independientemente de nuestra mayor o menor edad, experiencia o inexperiencia, sexo, religión, raza...., lo que debe trascender, como no podía ser de otra manera, a nuestra propia “vida colegial”, informada y presidida por nuestras normas deontológicas.

Por otra parte, respecto a los otros agentes intervinientes en el sistema de JUSTICIA que “comparten” tan ilustre prenda, en concreto los jueces, los fiscales, los secretarios judiciales y los procuradores, tampoco existen diferencias apreciables a los ojos de los justiciables que, en muchas de sus comparecencias ante los estrados, para explicar su nerviosismo aluden al “miedo escénico” que provoca nuestra presencia ataviados todos “de negro”. Pues bien, a pesar de ello y de que es indiscutible que los abogados, junto con los demás agentes citados a los que hay que añadir los funcionarios de justicia, somos una parte del todo, la Justicia , no es menos cierto que nuestro “peso” en ella, es una opinión muy personal, no es proporcional a lo que representamos; me explico, la reciente huelga de los jueces y las nuevas convocatorias de movilizaciones previstas para este año ponen de manifiesto lo que acabo de afirmar: Si bien nuestro CGAE comparte la mayoría de las reivindicaciones de los jueces decanos y de los representantes de las asociaciones judiciales, son ellos los que encabezan y lideran ante el gobierno la iniciativa de la reforma de la justicia, pese a que nosotros, los abogados, como otros muchos sectores, venimos demandando desde hace décadas unas reformas estructurales que propicien el reconocimiento “legal” para los ciudadanos y los justiciables en general de sus derechos plasmados en la “Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la justicia” aprobada el día 16 de abril de 2002 por todos los representantes de la soberanía popular. De nuevo, a mi parecer equivocadamente, cada agente funciona individualmente no sólo en la defensa de las reivindicaciones que le son propias sino que se erige en defensor exclusivo y adalid de la causa, la reforma de la justicia, cuando las propuestas de su reforma estructural e integral ocupan y preocupan a todos los agentes intervinientes en el sistema como partes del todo, pero que no funcionan ni armónica ni coordinadamente como una única voz, lo que le resta la fuerza necesaria ante los responsables políticos para que acojan todas las pretensiones y se decidan de una vez por todas a acometer la tan anhelada reforma. Los datos son escalofriantes: De los 142.927.000 millones de euros del presupuesto general del estado para el año 2007, solamente 2.992.615 millones de euros van destinados a justicia, de los que 1.618.225 millones de de euros se destinan a las Comunidades Autónomas, 1.305.400 millones al Ministerio de Justicia y 68.990 millones de euros al Consejo General del Poder Judicial; hay en España 9,4 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 19,8 jueces, llegando países como Alemania a una envidiable media de 26 jueces por cada 100.000 habitantes; 8.500.000 asuntos nuevos ingresan cada año en los tribunales españoles, 2.500.000 asuntos quedaron sin resolver en 2007 según el Consejo General del Poder Judicial y casi 2.000.000 millones de sentencias se encontraban pendientes de ejecutar ese mismo año. A ello debemos añadir las conclusiones de una reciente encuesta realizada por Metroscopia a una muestra representativa de 1.200 españoles para el Primer Barómetro del  Observatorio de la Actividad de la Justicia, en la que un 71% considera que para mejorar el funcionamiento de nuestra justicia lo más eficaz no sería incrementar el número de juzgados, sino dotar a los ya existentes de mejores medios técnicos; que la mayoría prefieren, en general, no acudir a los tribunales para resolver los conflictos de relativa importancia y hacerlo a través de mediación o arbitraje; los españoles consideran como duraciones excesivas de resoluciones de asuntos todo lo que sobrepase los tres meses; y por último, los españoles sitúan el gasto en la Administración de justicia en la cola de las preferencias (noveno puesto de doce posibles).

Este panorama desalentador debe hacernos reflexionar a todos, primero asumiendo las críticas de la sociedad al funcionamiento de la justicia, de la que recordemos somos parte activa y esencial, sin que lleguemos a individualizarlo y centrarlo en otro colectivo al que miraremos de soslayo por ello, y segundo debemos tener una participación activa que contribuya eficazmente a la mejora de la justicia con aportaciones que propicien una posición común y unas decisiones colectivas que mediaticen y obliguen al responsable político a actuar. Ahora y de aquí a dos años aproximadamente, tenemos una oportunidad de oro con ocasión de las transferencias de las competencias en materia de justicia a nuestra región, que debe de ir más allá de la estricta cuestión monetaria y presupuestaria, aunque no hay que desdeñar su importancia, en la que todos los agentes implicados en el sistema de Justicia deberían estar presentes y actuar coordinadamente. Hagamos valer nuestro “peso”, tengamos el protagonismo que nos merecemos, ni mayor ni menor, para contribuir a resolver el problema de la justicia velando siempre por los intereses de los ciudadanos que están por encima de todos los demás, aunque sean legítimos, lo que redundará, no me cabe la menor duda, en una mayor calidad democrática de nuestro Estado de Derecho.

Basilio Hermoso Ceballos